Definir el verdadero alcance de la corrupción es difícil porque gran parte queda sin ser descubierta, pero las estimaciones de organizaciones como la ONU, el FEM y el Banco Mundial la sitúan en torno a los 3,6 billones de dólares anuales. El último informe de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Occupational Fraud 2022: A Report to the nation, cifra las pérdidas totales para las empresas en la asombrosa cifra de 4,7 billones de dólares.
El fraude laboral es un término muy amplio que incluye, entre otras cosas, la apropiación de activos y los delitos financieros cometidos por individuos o un pequeño número de personas mediante malversación y robo de efectivo.
El informe de la ACFE subraya que el eslabón débil de cualquier empresa es también lo que muchos consideran su activo más fuerte: los empleados. Todas las organizaciones deben confiar a sus empleados el acceso o el control de sus activos. Es esta misma confianza la que puede hacer a las organizaciones vulnerables al fraude laboral. Porque todos los fraudes, en su esencia, se basan en violaciones de la confianza.
Aunque el fraude laboral puede producirse en casi cualquier nivel de una organización, el informe de la ACFE concluye que el 23% es cometido por propietarios o ejecutivos. Aunque el número de fraudes es inferior al de los puestos de empleados subordinados, el coste financiero es casi siempre mucho mayor. En el conjunto de departamentos y funciones, Operaciones (15%), Cuentas (12%), Ejecutivos (11%) y Ventas (11%) representan alrededor de la mitad de los casos.
Todas las investigaciones sobre soborno y corrupción o fraude sugieren que cualquier organización, independientemente de su tamaño o campo de actividad, está en riesgo. Las pérdidas pueden ser mayores en términos reales en las organizaciones más grandes, pero la escala de las pérdidas es comparable en todos los tamaños. Por término medio, la ACFE sugiere que las organizaciones pierden anualmente el 5% de sus ingresos. Curiosamente, el 85% de los defraudadores mostraban señales de alarma de fraude.
La encuesta de DNV puso de relieve que pocas empresas se encuentran en un nivel avanzado de madurez en lo que respecta a los sistemas de lucha contra el soborno. También mostró que la responsabilidad se delega a menudo en un ejecutivo o director general en lugar de en un consejo, comité o equipo especializado, que es la práctica recomendada por la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno. La práctica de la ISO es evitar el conflicto de intereses que puede producirse cuando una persona es responsable de las operaciones y de los beneficios y pérdidas.
Se considera que una política en torno a las "denuncias" es fundamental en cualquier enfoque estructurado para descubrir incidentes. El informe de AFCE indica que los métodos digitales, como el correo electrónico o la denuncia a través de Internet, son más eficaces que una línea telefónica directa. Independientemente del canal, parece que la mayoría de los casos son denunciados por los empleados.
Curiosamente, casi la mitad de los fraudes laborales se producen por falta de controles internos o por la inadecuación de los existentes. En el 81% de los casos en que se descubrió un fraude, la organización afectada modificó sus controles antifraude existentes. Esto demuestra claramente que en la mayoría de las organizaciones hay una falta definitiva de controles y proporciona un argumento convincente para aplicar un enfoque estructurado contra el soborno más pronto que tarde
