La llegada de la (r)evolución del Internet de las Personas trae consigo un elemento de riesgo. Las partes interesadas en la asistencia sanitaria, entre las que se incluyen legisladores, proveedores, contribuyentes y pacientes, deben abordar estos problemas de forma conjunta.
Comprender el potencial del Internet de las Personas significa minimizar y gestionar los riesgos relacionados con factores humanos, sociales, políticos/regulatorios, legales/éticos, tecnológicos y financieros.
